Pablo Ruiz y Picasso1 (Málaga, España; 25 de octubre de 1881 — Mougins, Francia; 8 de abril de 1973), conocido como Pablo Picasso, fue un pintor y escultor español, creador, junto con Georges Braque y Juan Gris, del movimiento cubista. Considerado uno de los mayores artistas del siglo XX, participó desde la génesis en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Incansable y prolífico, pintó más de dos mil obras, presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. En lo político, Picasso se declaraba pacifista y comunista. Fue miembro del PCE y del Partido Comunista Francés hasta su muerte,2 el 8 de abril de 1973 en Notre-Dame-de-Vie (Mougins, Francia) a los 91 años. Está enterrado en el parque del castillo de Vauvenargues (Bouches-du-Rhone).
Alfonso XIII de Borbón, llamado el Africano[cita requerida] (Madrid, 17 de mayo de 1886 – Roma, 28 de febrero de 1941), fue rey de España desde su nacimiento hasta la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931. Asumió el poder a los 16 años de edad, el 17 de mayo de 1902. Bajo Alfonso XIII, España llega a ser nación industrial, alcanza el mayor nivel de población desde época romana, retorna a adornar el mundo de la cultura, que casi había abandonado desde que con tanto esplendor brilló en el siglo XVI, vuelve a plena participación en la política internacional durante la guerra europea y al abrirse la cuestión de Marruecos; reconquista espiritualmente la América que había descubierto, poblado, civilizado y perdido, y, por último, ve grandes problemas sociales y nacionales surgir en su vida interior y estimular su pensamiento político. España. Ensayo de historia contemporánea. Sin embargo, España sufría cuatro problemas de suma importancia que darían al traste con la monarquía liberal: la falta de una verdadera representatividad política de amplios grupos sociales; la pésima situación de las clases populares, en especial las campesinas; los problemas derivados de la guerra del Rif; y el nacionalismo catalán, espoleado por la poderosa burguesía barcelonesa[cita requerida]. (...) Las luchas políticas no tienen otra importancia que la de ser una lucha de opiniones, pero por encima de ellas hay un sentimiento mucho más puro, que es el del amor a la Patria (...). Discurso en Barcelona 28 junio 1920.1 Esta turbulencia política y social, iniciada con el desastre del 98 impidió que los partidos turnistas lograran implantar una verdadera democracia liberal, lo que condujo al establecimiento de la dictadura de Primo de Rivera, aceptada por el monarca. Con el fracaso político de ésta, el monarca impulsó una vuelta a la normalidad democrática con intención de regenerar el régimen. No obstante, fue abandonado por toda la clase política, que se sintió traicionada por el apoyo del rey a la dictadura de Primo de Rivera. Abandonó España voluntariamente tras las elecciones municipales de abril de 1931, que fueron tomadas como un plebiscito entre monarquía o república. Enterrado en Roma, sus restos no fueron trasladados hasta 1980 al Panteón de los Reyes del Monasterio de El Escorial.
Clara Campoamor Rodríguez (Madrid, 12 de febrero de 18881 – Lausana, 30 de abril de 19722 3 ) fue una política española, defensora de los derechos de la mujer y principal impulsora del sufragio femenino en España, logrado en 1931, y ejercido por primera vez por las mujeres en las elecciones de 1933.
Lorca es una ciudad y municipio español de la Región de Murcia situado en el sureste de la Península Ibérica. Es la tercera población en importancia de la Región de Murcia tras Murcia y Cartagena, con 92.865 habitantes (INE 2012); de ellos, 59.683 habitantes corresponden al casco urbano y el resto a sus numerosas pedanías, distribuidas a lo largo y ancho de los 1.675 km² de término municipal,8 el segundo más extenso de España tras el de Cáceres. Lorca es conocida por su Castillo, su arquitectura barroca y sus procesiones de Semana Santa, declaradas fiesta de interés turístico internacional. Gracias a su denso patrimonio heráldico es también llamada "la ciudad de los cien escudos", nombre que le otorgó el antiguo alcalde José Antonio Gallego,4 5 mientras que de su nombre original (Eliocroca) toma el título de "ciudad del sol".1 2 3 Su casco antiguo y el recinto del castillo,9 fueron declarados conjunto histórico-artístico el 5 de marzo del 1964,10 siendo el primero de la Región de Murcia con esta distinción.
Se conoce con el nombre de Semana Trágica a los acontecimientos desarrollados en Barcelona y otras ciudades de Cataluña, entre el 26 de julio y el 2 de agosto de 1909. El desencadenante de estos violentos acontecimientos fue el decreto del Primer Ministro Antonio Maura de enviar tropas de reserva a las posesiones españolas en Marruecos, en ese momento muy inestables, siendo la mayoría de estos reservistas padres de familia de las clases obreras.
La Residencia de Estudiantes de Madrid es un centro fundado en 1910 por la Junta para Ampliación de Estudios, producto directo de las ideas renovadoras que había iniciado en España el krausista Francisco Giner de los Ríos con la fundación en 1876 de la Institución Libre de Enseñanza. Desde el primer momento quiso ser un complemento educativo a la universidad en el que se formaran los hijos de las clases dirigentes liberales, y de 1910 a 1939 fue uno de los principales núcleos de modernización científica y educativa de España. Fue declarada en el año 2007 Patrimonio europeo.1
La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) es una unión confederal de sindicatos autónomos de ideología anarcosindicalista de España, que está adherida a la organización de carácter mundial Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT). Se la conoce por este motivo también con el nombre de CNT-AIT. Es una organización que ha desempeñado un papel muy significativo dentro de los movimientos sociales relacionados con el anarquismo. Fundada en Barcelona el 1 de noviembre de 1910 en el desaparecido Palacio de las Bellas Artes, a partir de grupos organizados en torno al sindicato Solidaridad Obrera, recogió el testigo del espíritu del movimiento anarquista español que se traza desde la creación de la Federación Regional Española, más tarde Federación de Trabajadores de la Región Española, organización que sucedió a la sección española de la Primera Internacional. Con un significativo legado histórico y cultural, la CNT continúa hoy participando en el movimiento obrero español basándose en los principios de la autogestión, el federalismo y la ayuda mutua.
El atentado contra José Canalejas, tuvo lugar en la Puerta del Sol de Madrid el 12 de noviembre de 1912, con el resultado de la muerte del entonces presidente del gobierno de España. De esta forma trágica terminó el segundo intento de "regeneración desde dentro" del régimen político de la Restauración durante el reinado de Alfonso XIII. El presidente del Consejo de Ministros y líder del Partido Liberal José Canalejas fue atacado en la mañana de ese día mientras miraba los libros expuestos en el escaparate de la Librería San Martín, a escasos pasos de la esquina de la Puerta del Sol (actual número 6) con la calle Carretas en pleno centro de Madrid. El agresor, Manuel Pardiñas, que no figuraba en el registro policial de los anarquistas fichados, le disparó tres tiros por la espalda. Instantes después fue reducido por un policía a golpes de porra y al sentirse acorralado se suicidó disparándose dos disparos con la misma pistola del atentado. Canalejas murió antes de llegar a la sede del Ministerio de la Gobernación donde fue trasladado. Francisco Franco publicó bajo el seudónimo de Jakim Boor el libro Masonería donde acusó a la masonería de haber asesinado a José Canalejas, siendo él mismo masón, para vengarse de su rebelión.
Crisis de 1917 es el nombre que se da por la historiografía española al conjunto de sucesos que tuvieron lugar en el verano de 1917 en España, destacadamente tres desafíos simultáneos que hicieron peligrar al gobierno e incluso al mismo sistema de la Restauración: un movimiento militar (las Juntas de Defensa), un movimiento político (la Asamblea de Parlamentarios que tuvo lugar en Barcelona convocada por la Liga Regionalista), y un movimiento social (la huelga general revolucionaria). Coincidieron con una coyuntura internacional especialmente crítica en ese mismo año, posiblemente uno de los más cruciales en toda la Historia. En cambio, la historiografía mundial no suele emplear el nombre de crisis para este periodo, reservándolo para algunas cuestiones puntuales relacionadas con la Primera Guerra Mundial: la crisis de reclutamiento en Canadá1 y la crisis de construcción naval en Estados Unidos.2 Hay que recordar que España se mantuvo neutral durante todo el conflicto. La crisis española de 1917 se enmarca en la crisis de la Restauración.
La ley de fugas es un tipo de ejecución extrajudicial que consiste en simular la fuga de un detenido, especialmente cuando es conducido de un punto a otro, para poder así suprimir la fuerza que lo custodia y encubrir el asesinato del preso tras el precepto legal que permite hacer fuego sobre el fugitivo que no obedece al «alto» conminatorio de los guardias. Para ello la guardia de custodia se retrasaba en el camino por detrás del detenido hasta que había la relativa distancia como para considerar que el preso se estaba fugando. Se disparaba por la espalda para dar más credibilidad a la fuga. Los presos empezaron a conocer esta añagaza y desde entonces se les disparaba por la espalda, sin más. Una generosa aplicación de la ley de fugas permitió acabar con el bandolerismo andaluz en el siglo XIX. Durante la Restauración y siendo Eduardo Dato el presidente del Consejo de Ministros se firmó la Ley de Fugas el 20 de enero de 1921. La misma favoreció la guerra sucia oficial contra el movimiento sindical y permitió el asesinato en Barcelona por parte de las fuerzas policiales y de pistoleros de los Sindicatos Libres, de más de un centenar de anarcosindicalistas de la CNT, entre ellos figuras tan destacadas como Salvador Seguí o Evelio Boal. Normalmente la Ley de fugas se asocia en España con la época de la crisis social de la última fase de la Restauración borbónica y la dictadura de Francisco Franco, particularmente durante la represión de la guerrilla republicana de los maquis. Generalmente se utilizaba contra aquellos que mantenían posturas ideológicas diferentes al nacionalcatolicismo y no podían ser condenados a muerte por la vía judicial. Ha sido además práctica habitual en las dictaduras de otros países durante diferentes momentos del siglo XX. Muchos intelectuales y escritores atacaron esta inhumana disposición, como por ejemplo Ramón María del Valle-Inclán en su Luces de Bohemia, a través del personaje del anarquista, ejecutado de esta forma. La Ley de Fuga fue un tipo de ejecución muy utilizado en México durante el Porfiriato y la Revolución mexicana. También en la Segunda Guerra Mundial por soldados nazis. A veces simplemente llamada la "Ley fuga".
Crisis de 1917 es el nombre que se da por la historiografía española al conjunto de sucesos que tuvieron lugar en el verano de 1917 en España, destacadamente tres desafíos simultáneos que hicieron peligrar al gobierno e incluso al mismo sistema de la Restauración: un movimiento militar (las Juntas de Defensa), un movimiento político (la Asamblea de Parlamentarios que tuvo lugar en Barcelona convocada por la Liga Regionalista), y un movimiento social (la huelga general revolucionaria). Coincidieron con una coyuntura internacional especialmente crítica en ese mismo año, posiblemente uno de los más cruciales en toda la Historia. En cambio, la historiografía mundial no suele emplear el nombre de crisis para este periodo, reservándolo para algunas cuestiones puntuales relacionadas con la Primera Guerra Mundial: la crisis de reclutamiento en Canadá1 y la crisis de construcción naval en Estados Unidos.2 Hay que recordar que España se mantuvo neutral durante todo el conflicto. La crisis española de 1917 se enmarca en la crisis de la Restauración.
El Partido Comunista de España (PCE) es un partido político marxista español formado el 14 de noviembre de 1921 a raíz de una escisión del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) formada por personas disconformes con la socialdemocracia y cuya intención inicial era sumarse a la III Internacional convocada por Lenin. Fundado en sus orígenes por la unión del Partido Comunista Español y el Partido Comunista Obrero Español (PCOE), se caracterizó por su lucha contra la dictadura franquista, en la que era ilegal, y en su esfuerzo por el establecimiento de la democracia. Fue legalizado en 1977 por Adolfo Suárez, como una de las fuerzas necesarias para instaurar la democracia en España. Desde 1986 forma parte de Izquierda Unida, siendo uno de los colectivos que impulsaron el proyecto de Refundación de la Izquierda.5 Fija en sus estatutos como objetivo "participar democráticamente en la transformación revolucionaria de la sociedad y de sus estructuras políticas, en la superación del sistema capitalista y la construcción del socialismo en el Estado Español, como contribución al tránsito hacia el socialismo en el plano mundial, con la perspectiva de la plena realización del ideal emancipador del comunismo."
La dictadura de Primo de Rivera fue el régimen político que hubo en España desde el golpe de Estado del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, hasta la dimisión de éste el 28 de enero de 1930 y su sustitución por la «dictablanda» del general Berenguer.
El Directorio militar de Primo de Rivera constituye la primera etapa de la Dictadura de Primo de Rivera instaurada en España durante el reinado de Alfonso XIII tras el triunfo del Golpe de Estado de Primo de Rivera del 13-15 de septiembre de 1923. Directorio militar fue el nombre que se dio a la institución integrada exclusivamente por militares (ocho generales y un contralmirante) que bajo la presidencia del general Miguel Primo de Rivera debía asesorarle en las funciones de gobierno y en la promulgación de los decretos que tendrían fuerza de ley —las Cortes elegidas en abril de 1923 fueron clausuradas—. En diciembre de 1925 el Directorio militar fue sustituido por un gobierno en el que había militares y civiles presidido también por Primo de Rivera, que será conocido como Directorio civil, y que constituye la segunda y última etapa de la Dictadura primorriverista que finalizó en enero de 1930. El régimen del Directorio Militar, como otros regímenes militares corporativos instaurados en Europa oriental y meridional en el periodo de entreguerras, se diferenció del fascismo — establecido en Italia tras la marcha sobre Roma de octubre de 1922— en que era un sistema de partido único pero tutelado desde el poder y en que el aparato del Estado siguió controlado por las viejas clases dominantes que sólo permitían unos cambios limitados. Sin embargo, según el historiador Eduardo González Calleja, "la dictadura primorriverista también guardó algunas semejanzas con el fascismo", como el corporativismo.1 Durante esta primera etapa la Dictadura cosechó dos grandes éxitos: la solución del problema de Marruecos (incluido el asunto de las responsabilidades a las que se les dio carpetazo) y el restablecimiento del orden público en Cataluña (dos cuestiones en las que había naufragado la "vieja política" de los partidos del turno). Encarrilados estos dos problemas, la "dictadura con rey", como la ha denominado el historiador Santos Juliá, se planteó su continuidad con la fundación de un régimen político nuevo, de tipo autoritario, basado en un "partido único" —la Unión Patriótica— al modo de la Italia fascista.
El Directorio civil constituye el segundo y último periodo de la Dictadura de Primo de Rivera en España. Se llamó así por el nombre que recibió el gobierno nombrado por Miguel Primo de Rivera en diciembre de 1925 y que sustituyó al Directorio militar que había detentado el poder tras el triunfo del golpe de Estado de Primo de Rivera de septiembre de 1923. El propósito del dictador era estabilizar su régimen "gracias a la creación de una base civil de apoyo". Pero el proyecto de institucionalización fracasó y Primo de Rivera presentó la dimisión al rey Alfonso XIII, que también le había retirado su apoyo, en enero de 1930, dando paso a la "Dictablanda" del general Berenguer.
La Federación Anarquista Ibérica (FAI) es una organización fundada en 1927 en la playa de El Saler, Valencia, como continuación de dos organizaciones anarquistas, la portuguesa, União Anarquista Portuguesa y la española Federación Nacional de Grupos Anarquistas de España, teniendo de esta forma un ámbito de actuación ibérico. También participaron integrantes de la Federación de Grupos Anarquistas en el Exilio. En la actualidad la organización forma parte de la Internacional de Federaciones Anarquistas.
El Pacto de San Sebastián fue la reunión promovida por la Alianza Republicana que tuvo lugar en San Sebastián el 17 de agosto de 1930 a la que asistieron representantes de todos los partidos republicanos, a excepción del Partido Federal Español, y en la que (aunque no se levantó acta escrita de la misma) se acordó la estrategia para poner fin a la monarquía de Alfonso XIII y proclamar la Segunda República Española. En octubre de 1930 se sumaron al Pacto, en Madrid, las dos organizaciones socialistas, el PSOE y la UGT.1
La Segunda República Española fue el régimen político democrático que existió en España entre el 14 de abril de 1931 (fecha de la proclamación de la República, en sustitución de la monarquía de Alfonso XIII) y el 1 de abril de 1939 (fecha del final de la Guerra Civil Española, que dio paso a la dictadura del general Franco). El numeral «segunda» obedece a la necesidad de distinguirlo del anterior periodo republicano, la Primera República Española (1873-1874). Tras período del Gobierno Provisional (abril-diciembre de 1931), durante el cual se aprobó la Constitución de 1931 y se iniciaron las primeras reformas, la historia de la Segunda República Española en 'paz' (1931-1936) suele dividirse en tres etapas. Un primer bienio (1931-1933) durante el cual la coalición republicano-socialista presidida por Manuel Azaña llevó a cabo diversas reformas que pretendían modernizar el país. Un segundo bienio (1933-1935), llamado por las izquierdas "bienio negro", durante el cual gobernó el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, apoyado desde el parlamento por la derecha católica de la CEDA, que pretendió "rectificar" las reformas del primer bienio. Durante este bienio se produjo el acontecimiento más grave del período: la insurrección socialista conocida como Revolución de octubre de 1934, que en Asturias se convirtió en una auténtica revolución social, y que finalmente fue sofocada por el gobierno con la intervención del ejército. La tercera etapa viene marcada por el triunfo de la coalición de izquierdas conocida con el nombre de Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, y que sólo pudo gobernar en paz durante cinco meses a causa del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de una parte del ejército que desembocó en la Guerra Civil Española. Durante la Segunda República Española en guerra (1936-1939) se sucedieron tres gobiernos: el presidido por el republicano de izquierda José Giral, aunque durante su corto mandato (de julio a septiembre de 1936) el poder real estuvo en manos de los cientos de comités que se formaron cuando estalló la revolución social española de 1936; el siguiente gobierno fue presidido por el socialista Francisco Largo Caballero, el líder de uno de los dos sindicatos (UGT; junto con CNT) que habían protagonizado la revolución; y el tercer gobierno fue presidido por el también socialista Juan Negrín, como consecuencia de la caída de Largo Caballero tras los sucesos de mayo de 1937, y que gobernó hasta principios de marzo de 1939, cuando se produjo el golpe de estado del coronel Casado que puso fin a la resistencia republicana, dando paso a la victoria del bando sublevado encabezado por el general Franco. A partir de entonces la República dejó de existir en territorio español, pero sus instituciones se mantuvieron en el exilio.
Tras la proclamación de la II República española, tomó el poder un gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora desde el 14 de abril hasta el 14 de octubre de 1931, fecha en que presentó su dimisión por su oposición a la forma en como se recogió el laicismo del Estado en el artículo 26 de la nueva Constitución, siendo sustituido por Manuel Azaña. El 10 de diciembre de 1931 fue elegido Presidente de la II República Española Niceto Alcalá-Zamora, por 362 votos de los 410 diputados presentes (la Cámara estaba compuesta por 446 diputados). En este cargo se mantuvo hasta el 7 de abril de 1936, cuando la nueva mayoría de las Cortes del Frente Popular lo destituye por haber convocado dos veces elecciones generales en un mismo mandato, lo que podía considerarse una extralimitación de sus prerrogativas, siendo sustituido por Manuel Azaña. El parlamento resultante de las Elecciones a Cortes Constituyentes de 28 de junio de 1931 tuvo por misión la de elaborar y aprobar una Constitución el día 9 de diciembre del mismo año. La Constitución de la Segunda República Española supuso un avance notable en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos por el ordenamiento jurídico español y en la organización democrática del Estado: dedicó casi un tercio de su articulado a recoger y proteger los derechos y libertades individuales y sociales, amplió el derecho de sufragio activo y pasivo a los ciudadanos de ambos sexos mayores de 23 años y residenció el poder de hacer las leyes en el mismo pueblo, que lo ejercía a través de un órgano unicameral que recibió la denominación de Cortes o Congreso de los Diputados y, sobre todo, estableció que el Jefe del Estado sería en adelante elegido por un colegio compuesto por Diputados y compromisarios, los que a su vez eran nombrados en elecciones generales.
El primer bienio de la Segunda República Española o bienio social-azañista, también conocido como bienio reformista o bienio transformador, constituye la etapa de la Segunda República en la que el gobierno de coalición de republicanos de izquierda y de socialistas presidido por Manuel Azaña, formado el 15 de diciembre de 1931 tras aprobarse la Constitución de 1931 y tras rechazar el Partido Republicano Radical su participación en el mismo por estar en desacuerdo con la continuidad en el gobierno de los socialistas, profundiza las reformas iniciadas por el Gobierno Provisional cuyo propósito es modernizar la realidad económica, social, política y cultural españolas. El nuevo gobierno se formó tras la elección de Niceto Alcalá Zamora como Presidente de la República, quien confirmó a Manuel Azaña como Presidente del Gobierno. Pero todo el amplio abanico de reformas encontró gran resistencia por parte de los grupos sociales y corporativos a los que las reformas intentaban "descabalgar" de sus posiciones adquiridas: los terratenientes, los grandes empresarios, financieros y patronos, la Iglesia católica, las órdenes religiosas, la opinión católica, la opinión monárquica, el militarismo “africanista”.54 Y también existió una resistencia al reformismo republicano de signo contrario: el de revolucionarismo a ultranza, que encabezaron las organizaciones anarquistas (la CNT y la FAI) y un sector del socialismo, el vinculado al sindicato UGT. Para ellos la República representaba el "orden burgués" (sin demasiadas diferencias con los regímenes políticos anteriores, Dictadura y Monarquía) que había que destruir para alcanzar el "comunismo libertario", según los primeros, o el "socialismo", según los segundos.55 La "cuestión religiosa" y la política educativa[editar] Véase también: Cuestión religiosa en la Constitución de 1931 A partir de la aprobación de la Constitución de 1931 el gobierno republicano-socialista promulgó una serie decretos y presentó unas leyes para su aprobación por las Cortes que hicieran efectiva la aconfesionalidad del Estado y que permitieran que éste asumiera aquellas funciones administrativas y sociales que la Iglesia Católica había desempeñado hasta entonces. La primera medida que tomó fue el decreto de 23 de enero de 1932 que daba cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución: la disolución de la orden de los jesuitas y la nacionalización de la mayor parte de sus bienes (colegios y residencias, especialmente), que pasaron a ser gestionados por un Patronato.56 Cumpliendo otro mandato constitucional, siete días después, el decreto de 30 de enero de 1932 secularizaba los cementerios, que pasaron a ser propiedad de los ayuntamientos.57 Pocos días después, el 2 de febrero de 1932, las Cortes aprobaban la ley de divorcio.58 El momento de mayor confrontación entre el gobierno de Azaña y la Iglesia Católica fue con motivo de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, cuyo debate en las Cortes tuvo lugar en los primeros meses de 1933. Los cardenales y obispos españoles, encabezados por el nuevo cardenal primado Isidro Gomá y Tomás, publicaron una carta episcopal que consideraba la ley “un duro ultraje a los derechos divinos de la Iglesia” y en la que llamaban a la movilización de los católicos. El 3 de junio, al día siguiente de la promulgación de la ley, se hacía pública una encíclica del Papa Pío XI (Dilectissima Nobis)59 en la que condenaba el "espíritu anticristiano" del régimen español, afirmando que la Ley de Congregaciones “nunca podrá ser invocada contra los derechos imprescriptibles de la Iglesia”. Lo que hacía la ley de Congregaciones era desarrollar los artículos 26 y 27 de la Constitución: reglamentaba el culto público católico; suprimía la dotación de "culto y clero” del Estado; nacionalizaba parte del patrimonio eclesiástico (templos, monasterios, seminarios, etc.) aunque quedaban a disposición de la Iglesia; y por último, establecía el cierre de los centros de enseñanza católicos de secundaria para el 1º de octubre y los de primaria para el 31 de diciembre de 1933.60 La política educativa Una de las prioridades del Gobierno Provisional ya había sido la construcción de escuelas primarias públicas, para poner fin a una de las lacras de la sociedad española, el todavía elevado analfabetismo (en 1931 las estimaciones oscilaban entre el 30 y el 50% de la población total). Se calculó que para atender al más de millón y medio de niños que no iban a la escuela, el Estado necesitaría construir unas 27.000 nuevas escuelas, a un ritmo de 5000 cada año. A finales de 1932 el ministro de Instrucción Pública, el socialista Fernando de los Ríos, comunicó a las Cortes que se habían construido o habilitado casi 10.000 escuelas, pero el plan previsto no pudo cumplirse por falta de recursos debido a la caída de los ingresos de la Hacienda Pública a causa de la depresión económica y a la política de equilibrio presupuestario decidida por el gobierno.61 Las necesidades de escuelas primarias estatales aumentaron todavía más cuando se aprobó la Ley de Congregaciones que había establecido el cierre de los colegios de primaria religiosos para el 31 de diciembre de 1933, y el cálculo que había hecho el ministerio era que para atender a los 350.000 niños de esos colegios sería necesario construir a toda prisa unas 7000 escuelas más.62 En el verano de 1933 el gobierno de Azaña puso en marcha “el más notable de sus experimentos” educativos: las misiones pedagógicas. Era una iniciativa del crítico de arte Manuel Bartolomé Cossío, ligado a la Institución Libre de Enseñanza, que quería llevar “el aliento del progreso” a los pueblos más aislados y atrasados de España. Así profesores y estudiantes, la mayoría de ellos de la Universidad de Madrid, se fueron a las aldeas con reproducciones de pinturas célebres y con discos y películas, y sobre escenarios improvisados representaban obras de teatro de Lope de Vega y de Calderón de la Barca. Asimismo llevaban libros y medicinas y ayudaban a construir escuelas. En este proyecto también participó el grupo teatral La Barraca, creado por Federico García Lorca.63 Muestra de la decidida determinación del gobierno en política educativa fue el incremento de los presupuestos del Ministerio de Instrucción, aunque en muchas ocasiones se mostraron insuficientes. La potenciación de la coeducación, además de que la Religión dejó de ser asignatura obligatoria, agudizó el enfrentamiento con la Iglesia. También hubo interesantes proyectos en el campo educacional, contando con el antecedente de la labor de la Institución Libre de Enseñanza y la Junta de Ampliación de Estudios (modernización de la Universidad, ampliación de los centros y alumnos de bachillerato) e importantes realizaciones en el campo cultural (bibliotecas ambulantes, misiones pedagógicas). Se trató, pues, de la acción más decidida de la historia del país hasta entonces por mejorar la educación española. Y esto no solo fue en inversiones, sino también intentando introducir mejoras pedagógicas y dando paso a las nuevas corrientes en esta materia. La "cuestión social"[editar] Las primeras reformas en este campo fueron acordadas por el Gobierno Provisional a propuesta del ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero, líder de la UGT, que continuó con el mismo cargo en el gobierno de Azaña.64 Las dos piezas básicas de su proyecto de regulación de las relaciones laborales, la Ley de Contratos de Trabajo y la de Jurados Mixtos, fueron muy contestadas tanto por la CNT como por los patronos. El número de huelgas y de incidentes violentos a consecuencia de ellas (que crearon graves problemas de orden público) se fue incrementando a lo largo del primer bienio de la República, a causa fundamentalmente de la negativa de la CNT a utilizar los mecanismos oficiales de conciliación.65 Lo que estaba en juego eran dos modelos sindicales, socialista y anarcosindicalista, casi opuestos, que además seguían teniendo una presencia diferente en las diversas regiones, pues si los socialistas eran preponderantes en Madrid, Asturias y el País Vasco, los anarquistas lo eran en Andalucía, Valencia y Cataluña.66 Los patronos también se movilizaron contra la reforma socio-laboral de Largo Caballero. Así a finales de enero de 1933, en plena crisis política por los sucesos de Casas Viejas, la Confederación Patronal Española dirigió una carta abierta a Azaña en la que señalaba la “vertiginosa rapidez” con que iba siendo aprobada la nueva legislación social y se quejaba de los jurados mixtos que prácticamente siempre daban la razón a los obreros, gracias al voto del representante del ministro de Trabajo que deshacía los empates. En parecidos términos se expresó la Unión Económica, que agrupaba a empresarios y economistas, que se quejó de las tendencias “socialistas” del Gobierno. Estas movilizaciones confluyeron en una asamblea económico-social celebrada en Madrid en julio de 1933, en la que se pidió la salida de los socialistas del gobierno, a los que hacían responsables de la "ruina de la economía" por el aumento de los costes (a causa de los incrementos de los salarios) y de la intervención obrera (la "socialización en frío" la llamaban) y por su ineficacia para detener y reducir el número de huelgas y garantizar la paz social.67 La "cuestión militar"[editar] Cuando se forma el segundo gobierno de Azaña en diciembre de 1931, la reforma militar ya está en marcha. Había sido obra del propio Azaña, que en el Gobierno Provisional desempeñó el Ministerio de la Guerra, cargo que desde octubre de 1931 había simultaneado con el de presidente del gobierno.68 Los decretos sobre los ascensos fueron confirmados por la Cortes por una ley de Reclutamiento y Ascensos de la Oficialidad de 12 de septiembre de 1932 que además estableció un baremo para los ascensos en los que primaba la antigüedad y la capacitación profesional. Asimismo esta ley unificó en una única escala a los oficiales de carrera y a los procedentes de la tropa.69 Los oficiales que en general se habían opuesto a la reforma militar de Manuel Azaña también protestaron cuando una ley de septiembre de 1932 obligó a los candidatos a ingresas en las academias de oficiales a servir en el ejército seis meses y a seguir cierto número de cursillos en una Universidad. "En su opinión, el requisito de los estudios universitarios era una tentativa de diluir el espíritu militar de una nueva generación de oficiales... En realidad el Gobierno se proponía quebrantar las antiguas barreras de casta y la mutua ignorancia, poniendo a los futuros oficiales en contacto, durante una parte de su educación, con los futuros miembros de las profesionales liberales".70 En marzo de 1932 las Cortes aprobaron una ley que autorizaba al ministro de la Guerra, es decir a Manuel Azaña, a pasar a la reserva a aquellos generales que durante seis meses no hubieran recibido ningún destino. Era una forma encubierta de deshacerse de aquellos generales de los que el gobierno dudara de su fidelidad a la República.71 La misma ley disponía que los oficiales que hubieran aceptado el retiro establecido en el decreto de mayo de 1931 perderían sus pensiones si eran hallados culpables de difamación según la Ley de Defensa de la República. Esta última medida levantó un vivo debate en las Cortes, ya que tanto Miguel Maura como Angel Ossorio y Gallardo denunciaron la injusticia de la que podrían ser víctimas los alrededor de 5000 oficiales recientemente retirados que en un momento dado criticaran al Gobierno. Azaña respondió que sería intolerable para la República el tener que pagar a sus “enemigos”.72 Asimismo en diciembre de 1931 se creó el cuerpo de suboficiales, con la posibilidad de incorporarse al Cuerpo de oficiales en la Escala de Complemento y además se les reservaba el 60% de las plazas en las academias militares. De esta forma se pretendía democratizar la base social e ideológica de los mandos del Ejército.71 Y también se pretendía estrechar el vacío profesional que había entre los oficiales y los suboficiales.72 En cuanto al servicio militar obligatorio éste se redujo a 12 meses (cuatro semanas para los bachilleres y universitarios), pero mantuvo la redención en metálico del servicio militar, aunque sólo podía aplicarse a partir de los seis meses de permanecer en filas.71 Por último, se mantuvo la aplicación de la jurisdicción militar a individuos civiles con motivos de orden público, ya que la Constitución de 1931 mantuvo dentro de su competencia los “delitos militares” y “los servicios de armas y la disciplina de todos los institutos armados”, concepto este último que abarcaba no sólo a las Fuerzas Armadas «que defendían el territorio nacional», sino también a las fuerzas encargadas «sólo de mantener el Orden Público» (Guardia Civil, Carabineros y cualquier otro posible nuevo cuerpo militarizado). Es decir que los consejos de guerra eran, por ejemplo, competentes para procesar a paisanos que hubieran expresado críticas a las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil.73 Y también eran competentes para juzgar a aquellos que hubieran amenazado el orden público, como sucedió en las insurrecciones anarquistas del Alto Llobregat de enero de 1932 y la de toda España de enero de 1933. Como señaló el socialista Juan Simeón Vidarte:74 Aunque ello parezca extraño, no llegó a modificarse el Código de justicia Militar y en todos los choques que se produjeron entre el pueblo y la Guardia Civil, siguieron interviniendo los Consejos de guerra El intento de golpe de Estado encabezado por el general Sanjurjo, en agosto de 1932, fue exponente del malestar de una parte del Ejército por causas no estrictamente políticas. "La fortísima campaña desatada por los medios conservadores contra la reforma, personalizada en la figura de Azaña, contribuyó, además, a convertir al primer ministro en la auténtica bestia negra de muchos militares".75 La "cuestión regional"[editar] El Estatuto de Cataluña Firma del Estatuto de Autonomía por el Presidente de la República Alcalá-Zamora. San Sebastián, septiembre de 1932 Entre enero y abril de 1932 una comisión de las Cortes adecuó el proyecto de Estatuto de Cataluña (el llamado Estatuto de Nuria) a la Constitución de 1931 y aun así encontró una enorme oposición en la cámara para su aprobación, especialmente entre la Minoría Agraria y los diputados de la Comunión Tradicionalista que ya se habían separado de los diputados del PNV en la Minoría vasco-navarra, y que incluyó una amplia movilización callejera “antiseparatista”. “Manuel Azaña arriesgó la vida de su Gobierno y su prestigio personal en la aprobación del Estatuto”.76 Tras cuatro meses de debates interminables, sólo el fallido golpe de Estado del general Sanjurjo de agosto de 1932 motivó que se acelerara la discusión del Estatuto, que finalmente fue aprobado el 9 de septiembre por 314 votos a favor (todos los partidos que apoyaban al gobierno, más la mayoría de los diputados del Partido Republicano Radical) y 24 en contra. El Estatuto era menos de lo que los nacionalistas catalanes habían esperado (la versión final eliminaba todas las frases que implicaban soberanía para Cataluña; se rechazaba la fórmula federal; los idiomas castellano y catalán eran declarados igualmente oficiales, etc), "pero cuando el presidente del Consejo de ministros fue a Barcelona para la ceremonia de presentación, lo recibieron con una tremenda ovación”.77 Las primeras elecciones al Parlament tuvieron lugar dos meses después (en noviembre de 1932) y fueron ganadas por Esquerra Republicana de Cataluña, seguida a mucha distancia de la Lliga Regionalista. Francesc Macià fue así confirmado como president de la Generalidad.78 Mediante el Estatuto, Cataluña se convirtió en región autónoma, que sería regida por un gobierno propio, la Generalidad de Cataluña, formada por un presidente, un parlamento y un consejo ejecutivo. La Generalidad tendría facultades legislativas y ejecutivas en hacienda, economía, educación y cultura, transportes y comunicaciones; el gobierno de la República se ocuparía de las relaciones exteriores y el ejército. El Estatuto del País Vasco Referéndum autonómico del 5 de noviembre de 1933 en Éibar para la aprobación de un nuevo texto de Estatuto Tras el rechazo del Estatuto de Estella por su clara incompatibilidad con la Constitución de 1931, en diciembre de 1931 las Cortes encargaron a las Comisiones Gestoras provisionales de las Diputaciones, dominadas por los republicanos y los socialistas, para que elaboraran un nuevo proyecto de Estatuto, que al final fue consensuado con el PNV. Una Asamblea de Ayuntamientos celebrada en Pamplona en junio de 1932 aprobó el proyecto, pero los carlistas lo rechazaron, por lo que al tener la mayoría en Navarra, dejaron fuera del ámbito de la futura "región autónoma" a este territorio. Ello obligó a una nueva redacción del proyecto que excluyera a Navarra y a un nuevo retraso. Un nuevo obstáculo se planteó cuando al realizarse el preceptivo referéndum sobre el "Estatuto de las Gestoras" el 5 de noviembre de 1933, en plena campaña para las elecciones a Cortes, los votos favorables en Álava no alcanzaron la mayoría del censo, de nuevo por la oposición de los carlistas (Alava era una provincia que, como Navarra, tenía una menor identidad nacionalista vasca debido a la fuerte implantación del carlismo).79 El Estatuto de Galicia. En cuanto a Galicia, la primera iniciativa, a cargo del ayuntamiento de Santiago de Compostela, se tomó más tarde, en abril de 1932. Pero sólo nueve meses después, en diciembre, ya se había cumplido la primera fase del proceso establecido por la Constitución de 1931, al haber aprobado la mayoría de los ayuntamientos gallegos un proyecto de estatuto, que estaba inspirado en buena medida en el Estatuto catalán que acababan de aprobar las Cortes. Sin embargo, al igual que en el caso vasco, el triunfo del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933 paralizó el proceso.80 La "cuestión agraria": la Ley de Reforma Agraria[editar] Durante el primer bienio se continuaron aplicando los decretos agrarios del Gobierno Provisional aprobados a propuesta del ministro de Trabajo el socialista Francisco Largo Caballero y también continuó la oposición de los propietarios que se apoyaron en los ayuntamientos en su mayoría monárquicos y en el recurso a la Guardia Civil para enfrentarse a los representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) de UGT. Esta última creció mucho durante este tiempo pues pasó de unos 100.000 afilidados en 1931 a cerca de 450.000 en el verano del año siguiente (hasta constituir casi la mitad de los afiliados de toda la UGT), siendo la mayoría de los nuevos afiliados campesinos sin tierras que se sentían agradecidos a los socialistas porque éstos le habían dado su primera oportunidad de hacer oír su voz a la hora de negociar con los propietarios.81 Lo mismo sucedió con las organizaciones de propietarios agrarios ya que a la antigua Confederación Nacional Católico-Agraria, se sumó en 1931 la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas, y en marzo de 1933, la Confederación Española Patronal Agrícola (en cuyo manifiesto fundacional se decía: "el socialismo es el enemigo; él y sus aliados; él y sus colaboradores"). De estas organizaciones saldrán muchos de los dirigentes de la futura CEDA.82 La Ley de Reforma Agraria Artículo principal: Ley de Reforma Agraria de España de 1932 Después del rechazo de dos anteproyectos de ley de reforma agraria, en marzo de 1932 un tercero elaborado por el equipo del Ministerio de Agricultura del radical-socialista Marcelino Domingo fue tomado como base del debate en las Cortes.83 Pero la discusión del proyecto de ley se fue fue alargando y se habría prolongado aún más de no haberse producido el intento de golpe de Estado encabezado por el general Sanjurjo del 10 de agosto de 1932, que al ser derrotado dio al gobierno el impulso definitivo para la aprobación de la Ley (el fracaso del golpe de Estado de Sanjurjo también desatascó el debate sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña).84 La reforma agraria, finalmente aprobada, consistió en la expropiación (con indemnización, excepto las tierras de la nobleza que fueran "grandes de España" por su supuesta implicación en la "Sanjurjada") de las tierras de la España latifundista (Andalucía, Extremadura, el sur de La Mancha y la provincia de Salamanca) incluidas en los apartados que señalaba la Base 5ª de la Ley, que contemplaba cuatro tipos de tierras expropiables: los señoríos jurisdiccionales, las tierras mal cultivadas, las sistemáticamente arrendadas y las que estaban en zonas de riego y no hubieran sido convertidas en regadío.85 Así pues, la Ley de Reforma Agraria establecía la expropiación con indemnización de las grandes fincas que no fuesen cultivadas directamente por sus dueños, así como las incultas y las de regadío no regadas, para ser repartidas entre familias de campesinos o entre colectividades de agricultores. Para llevar a cabo la redistribución de las tierras se creó el Instituto de Reforma Agraria, (IRA) del que dependían las juntas provinciales y las comunidades de campesinos. Se otorgó al Instituto un crédito anual de 50 millones de pesetas y se proyectó asentar anualmente de 60 a 75 mil campesinos. El mecanismo de actuación fue el siguiente: las tierras expropiadas o confiscadas pasaban a ser propiedad del Instituto, que las transfería a las juntas provinciales, que a su vez las entregaban a las comunidades de campesinos, para su explotación colectiva o individual, según hubiesen decidido previamente los campesinos. Los problemas que se presentaron para la realización de esta labor fueron numerosos y graves, sin contar con la oposición de los terratenientes expropiados o confiscados, el carácter excesivamente burocrático del Instituto, la falta de datos para conocer las tierras pertenecientes a un mismo dueño, la falta de estudios previos sobre calidad y rendimientos de la tierra, la exclusión de las tierras de pastos, con lo que se marginaba la ganadería. A pesar de todo supuso el primer esfuerzo por repartir tierras entre los campesinos. Sin embargo y a pesar de las grandes expectativas que había levantado, los efectos de la Ley de Reforma Agraria fueron muy limitados: a finales de 1933 sólo se habían ocupado 24.203 Has., repartidas entre 4.339 campesinos, a los que habría que añadir otros tres o cuatro mil en las tierras previamente expropiadas a la Grandeza. La razón principal de este fracaso en la aplicación fue que el Instituto de Reforma Agraria (IRA), que era el organismo encargado de aplicar la ley, fue dotado de unos recursos humanos y económicos insuficientes, debido a la falta de dinero de la Hacienda pública y al boicot que realizó la banca privada (vinculada familiar y económicamente a los terratenientes) al Banco Nacional de Crédito Agrícola, creado por la Ley para financiar la reforma.86 La lentitud en la aplicación de la ley se intentó paliar con una medida complementaria, que fue el Decreto de Intensificación de Cultivos de 22 de octubre de 1932, que permitía la ocupación temporal de fincas de tierras de labranza que hubieran dejado de ser arrendadas a cultivadores y se hubieran dedicado sólo a la ganadería en la mitad sur de España (Extremadura fundamentalmente). La medida afectó a 1.500 fincas en 9 provincias (unas 125.000 hectáreas) y dio trabajo a 40.108 familias, sobre todo extremeñas, cuyos miembros se encontraban en paro.87 El fracaso de la reforma agraria fue una de las causas principales de la aguda agitación social del periodo 1933-34, porque el anuncio de la reforma hizo creer a muchos jornaleros en una rápida entrega de tierras, que finalmente no se produjo por lo que pronto se sintieron decepcionados. Esto llevó a la radicalización de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) de UGT, coincidiendo así con la CNT, que desde el principio había combatido una reforma agraria que, según ella, consolidaba el modelo capitalista en el medio rural e imposibilitaba el que se produjera una "verdadera" revolución.87 Al otro lado del espectro político, la reforma agraria unió a los tradicionales sectores sociales dominantes en el agro y contribuyó, en grado similar o incluso superior a la "cuestión religiosa", a consolidarlos como bloque de oposición al régimen republicano. Ya en agosto de 1931 crearon la Asociación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas, en defensa del "legítimo derecho de propiedad", y valiéndose de las viejas redes caciquiles y la apelación continua a la intervención de la Guardia Civil boicotearon la aplicación de los "decretos agrarios". Asimismo en las Cortes, la Minoría Agraria realizó una aparatosa obstrucción de los debates de la Ley que contribuyeron notablemente al retraso en su aprobación.
Las Misiones Pedagógicas fueron un proyecto de solidaridad cultural patrocinado por el Gobierno de la Segunda República Española a través del Ministro de Instrucción Pública y desde las plataformas del Museo Pedagógico Nacional y la Institución Libre de Enseñanza. Creadas en 1931, se desmantelaron al final de la guerra civil.1 Convocados por Manuel Bartolomé Cossío, presidente del Patronato de las Misiones Pedagógicas, se llegarían a reunir más de quinientos voluntarios de diverso origen: maestros, profesores, artistas, y jóvenes estudiantes e intelectuales. Entre ellos se encontraban: la filósofa María Zambrano, el dramaturgo Alejandro Casona, el cineasta José Val del Omar, el poeta Luis Cernuda, el pintor Ramón Gaya, el músico Eduardo Martínez Torner, y una nutrida infantería de entre la que más tarde saldrán los nombres de Rafael Dieste, Maruja Mallo, Diego Marín, Antonio Sánchez Barbudo, Pedro Pérez Clotet o la académica Carmen Conde y su marido Antonio Oliver.nota 1 2 Entre 1931 y 1936, la labor del Patronato (y a pesar de los intentos de sabotaje durante el Bienio Negro), llegó a cerca de 7.000 pueblos y aldeas, a través de 196 circuitos de Misiones Pedagógicas, con la participación aproximada de 600 "misioneros". Hasta el 31 de marzo de 1937, se repartieron 5.522 bibliotecas, que en conjunto sumaban más de 600.000 libros. El Teatro y Coro realizó 286 actuaciones, y las Exposiciones Circulantes de Pintura del Museo del Pueblo, pudieron verse en 179 localidades.
El 11 de enero de 1933 un grupo de anarquistas de la CNT decidió hacer la revolución y proclamar el comunismo libertario, destituyendo al alcalde e intentando tomar el cuartel de la Guardia Civil donde se encontraban un sargento y tres números. Hieren de muerte al sargento y a uno de los números, pero no consiguen sus propósitos. El gobierno de la República envió fuerzas de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto que entraron a tiros en el pueblo, incendiando varias casas y luego procedieron a una serie de juicios sumarísimos, fusilándose a participantes, vecinos y sospechosos de haber participado en los hechos, llegando a prender con gasolina la choza del conocido anarquista Seisdedos muriendo calcinados la mayoría de sus ocupantes. Los oficiales al mando siempre mantuvieron que en su actuación, reprimiendo duramente la revuelta, recibían órdenes directas del Gobierno de la República. Los hechos provocaron la caída del gabinete de Manuel Azaña y una profunda conmoción en la opinión pública por la dura represión desatada hacia los campesinos.
El segundo bienio de la Segunda República Española, también llamado bienio negro, o bienio rectificador, o bienio conservador, constituye el periodo comprendido entre las elecciones generales de noviembre de 1933 y las de febrero de 1936 durante el que gobernaron los partidos de centro-derecha republicana encabezados por el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, aliados con la derecha católica de la CEDA y del Partido Agrario, primero desde el parlamento y luego participando en el gobierno. Precisamente la entrada de la CEDA en el gobierno en octubre de 1934 desencadenó el hecho más importante del periodo: la Revolución de 1934, una fracasada insurrección socialista que sólo se consolidó en Asturias durante un par de semanas (el único lugar donde también participó la CNT) aunque finalmente también fue sofocada por la intervención del ejército (Revolución de Asturias). A diferencia de la relativa estabilidad política del primer bienio (con los dos gobiernos presididos por Manuel Azaña), el segundo fue un periodo en que los gobiernos presididos por el Partido Republicano Radical tuvieron un promedio de tres meses de vida (se formaron 8 gobiernos en dos años) y se turnaron tres presidentes distintos (Alejandro Lerroux, Ricardo Samper y Joaquín Chapaprieta), y aún duraron menos los dos últimos gobiernos del bienio, los presididos por el “centrista” Portela Valladares.129 Los gobiernos radicales de Alejandro Lerroux y Ricardo Samper (diciembre 1933- octubre 1934)[editar] El resultado de las elecciones de noviembre de 1933, en las que votaron por primera vez las mujeres (6.800.000 censadas),130 fue la derrota de los republicanos de izquierda y de los socialistas y el triunfo de la derecha y del centroderecha, debido fundamentalmente a que los partidos de esa tendencia se presentaron unidos formando coaliciones, mientras que la izquierda se presentó dividida. La coalición de la derecha no republicana obtuvo en torno a los 200 diputados (de los cuales 115 eran de la CEDA), mientras que el centro-derecha y el centro obtuvieron unos 170 diputados (102 el Partido Republicano Radical), y la izquierda vio reducida su representación a apenas un centenar de parlamentarios (59 el PSOE). Se había producido un vuelco espectacular respecto de las Cortes Constituyentes.131 El reparto de votos fue el siguiente: de los 8.535.200 votos emitidos, 3.365.700 fueron para partidos de derechas, 2.051.500 para partidos de centro y 3.118.000 para los partidos de izquierda.132 El líder del Partido Radical Alejandro Lerroux recibió el encargo del presidente de la República Alcalá-Zamora de formar un gobierno “puramente republicano”, pero para conseguir la confianza de las Cortes necesitaba el apoyo parlamentario de la CEDA, que quedó fuera del gabinete (siguió sin hacer una declaración pública de adhesión a la República), y de otros partidos de centro-derecha (los agrarios y los liberal-demócratas que entraron en el gobierno con un ministro cada uno).35 "Respaldado por su triunfo electoral José María Gil Robles se dispuso a llevar a la práctica la táctica [de tres fases] enunciada dos años antes: prestar su apoyo a un gobierno presidido por Lerroux y dar luego un paso adelante exigiendo la entrada en el gobierno para recibir más tarde el encargo de presidirlo”.133 El apoyo de la CEDA al gobierno de Lerroux fue considerado por los monárquicos alfonsinos de Renovación Española y por los carlistas como una “traición” por lo que iniciaron los contactos con la Italia fascista de Mussolini para que les proporcionara dinero, armas y apoyo logístico para derribar a la República y restaurar la Monarquía.134 Por su parte, los republicanos de izquierda y los socialistas consideraron una "traición a la República" el pacto radical-cedista e intentaron que el Presidente de la República convocara nuevas elecciones antes de que llegaran a constituirse las Cortes recién elegidas. Los socialistas del PSOE y UGT fueron aún más lejos y acordaron que desencadenarían una revolución si la CEDA entraba en el gobierno.133 La pretensión del gobierno de Lerroux era “rectificar” las reformas del primer bienio, no anularlas, con el objetivo de incorporar a la República a la derecha “accidentalista” (que no se proclamaba abiertamente monárquica, aunque sus simpatías estuvieran con la Monarquía, ni tampoco republicana) representada por la CEDA y el Partido Agrario.135 El 20 de abril de 1934 las Cortes aprobaron la Ley de Amnistía (uno de los tres puntos del “programa mínimo” de la CEDA, y que también figuraba en el programa electoral del Partido Republicano Radical) que suponía la excarcelación de todos los implicados en el golpe de estado de 1932 (la “Sanjurjada”).136 El problema que se planteó fue la oposición del presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora a la ley y Lerroux al constatar que había perdido la confianza del presidente presentó la dimisión. La solución a la crisis fue encontrar un nuevo dirigente radical que presidiera el gobierno. Fue el valenciano Ricardo Samper.137 El primer problema al que tuvieron que hacer frente los gobiernos radicales fue la insurrección anarquista de diciembre de 1933 que como las dos anteriores del primer bienio también resultó un completo fracaso.138 El balance de los siete días de la insurrección fue de 75 muertos y 101 heridos, entre los insurrectos, y 11 guardias civiles y 3 guardias de asalto muertos y 45 y 18 heridos, respectivamente, entre las fuerzas de orden público.139 En cuanto a las reformas del primer bienio, la reforma militar de Azaña se mantuvo aunque los gobiernos radicales imprimieron a su gestión una orientación marcadamente contraria de la etapa de Azaña, intentando atraerse a los militares descontentos.140 Respecto de la "cuestión religiosa", el gobierno de Lerroux aprobó un proyecto de ley por el que los clérigos que trabajaban en parroquias de menos de 3000 habitantes y que tenían más de 40 años en 1931, recibirían dos tercios de su sueldo de 1931. Pero cuando el gobierno lo llevó al parlamento en enero de 1934 la izquierda lo acusó de poner en práctica una política “antirrepublicana”. La segunda medida que tomó el gobierno de Lerroux fue prorrogar el plazo de cierre de los colegios religiosos, que en la enseñanza primaria estaba previsto para diciembre de 1933, hasta que se hubieran construido las escuelas públicas suficientes para acoger a todos los alumnos de las escuelas de la Iglesia Católica.141 Sin embargo, los gobiernos radicales fracasaron en su intento de alcanzar un acuerdo con el Vaticano, porque este exigió la revisión de la Constitución de 1931.142 En cuanto a la "cuestión social" las reformas socio-laborales de Largo Caballero fueron parcialmente “rectificadas” bajo la presión de las organizaciones patronales,143 sin embargo la “contrarreforma laboral” que demandaban los empresarios no se llevó a cabo porque los sindicatos aún conservaron una gran capacidad de movilización lo que se tradujo en una creciente oleada de huelgas a lo largo de 1934, que por primera vez desde la proclamación de la República eran convocadas por comités conjuntos de UGT y CNT.144 Respecto de la "cuestión agraria", el ministro Cirilo del Río Rodríguez, respetó el ritmo previsto de aplicación de la Ley de Reforma Agraria por lo que en 1934 se asentaron más campesinos que durante todo el bienio anterior, expropiándose el cuádruple de propiedades, aunque la Ley de Amnistía aprobada en abril de 1934 le devolvió a la nobleza "grande de España" una parte de las tierras que le había confiscado el gobierno de Azaña por la implicación de algunos de sus miembros en la Sanjurjada.145 Pero el objetivo principal de su política era desmontar el "poder socialista" en el campo, para lo que anuló o modificó sustancialmente los decretos agrarios del Gobierno Provisional. Además, en febrero de 1934 no se prorrogó el Decreto de Intensificación de Cultivos por lo que unas 28.000 familias fueron desalojadas de las parcelas que cultivaban en fincas que mantenían tierras incultas.145 La derogación de facto del decreto de Términos Municipales y la reforma de los Jurados Mixtos agrarios (cuyos presidentes nombrados por el gobierno se inclinaron cada vez más a favor de los patronos) les permitió a los propietarios volver a gozar de una casi completa libertad de contratación de los jornaleros que necesitaran y poder tomar represalias contra sus organizaciones.87 Como consecuencia de todo ello los salarios agrícolas, que habían aumentado durante el primer bienio, volvieron a caer.144 Esta política de “descuaje del poder socialista” en el campo obedecía a la ofensiva de los propietarios rurales que habían interpretado la victoria de la derecha y del centro derecha en las elecciones de noviembre como un triunfo sobre los jornaleros y los arrendatarios. Algunos de ellos utilizaban la expresión "¡comed República!" cuando los jornaleros les pedían trabajo o cuando desalojaban a los arrendatarios.144 La respuesta sindical fue la convocatoria por parte de la FNTT de una huelga general de jornaleros del campo para comienzos de junio, aun sin contar con la aprobación de la ejecutiva nacional de UGT (que estaba preparando un huelga general revolucionaria de ámbito nacional).146 147 El gobierno acabó apoyando la línea dura del ministro de la Gobernación Salazar Alonso que consideró la huelga un “movimiento revolucionario” y declaró de “interés nacional” la recogida de la cosecha, dando instrucciones para que se impidiera la actuación de las organizaciones campesinas.87 Así “la mayor huelga agraria de la historia” dio lugar a una represión sin precedentes en la República. Hubo más de 10.000 detenciones y unos 200 ayuntamientos de izquierda fueron destituidos y sustituidos por gestores de derechas nombrados por el gobierno.146 Los enfrentamientos entre huelguistas y las fuerzas de orden público (y con los esquiroles) causaron trece muertos y varias decenas de heridos.147 Como consecuencia de la desmedida actuación de Salazar Alonso el sindicalismo agrario fue prácticamente desmantelado.87 En cuanto a la "cuestión regional”, los gobiernos del Partido Republicano Radical neutralizaron el impulso estatutario propio del Estado integral definido en la Constitución de 1931 (que según la CEDA suponía un peligro de “desintegración de la patria”), lo que provocó graves tensiones allí donde los procesos de autonomía ya estaban en marcha, como en Cataluña y en el País Vasco.148 La tramitación del Estatuto de Autonomía del País Vasco fue paralizada y el 12 de junio los diputados del PNV se retiraron de las Cortes en señal de protesta.149 En el verano de 1934 surgió otro conflicto en torno al Concierto Económico vasco lo que provocó una rebelión institucional de los ayuntamientos que convocaron unas elecciones (sin la aprobación de las Cortes) con el fin de nombrar una Comisión que negociara la defensa del Concierto Económico y que el gobierno intentó impedir por todos los medios (detuvo y procesó a más de mil alcaldes y concejales y sustituyó a numerosos ayuntamientos por comisiones gestoras gubernamentales).150 El día 2 de septiembre los parlamentarios vascos celebraron una Asamblea en Zumárraga en solidaridad con los municipios.151 El conflicto con la Generalidad de Cataluña fue a propósito de la promulgación el 14 de abril de 1934 de la Ley de Contratos de Cultivo aprobada por el parlamento catalán, que posibilitaba a los arrendatarios de viñedos (rabassaires) la compra de las parcelas tras cultivarlas durante quince años. Los propietarios protestaron y consiguieron con el apoyo de la Lliga Regionalista que el Gobierno llevara la ley ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, que la declaró inconstitucional.152 La respuesta de la Generalidad de Cataluña fue retirar de las Cortes Generales a los 18 diputados de la Esquerra Republicana de Cataluña, acompañados de los 12 del PNV, y proponer al Parlamento de Cataluña una ley idéntica que fue aprobada el 12 de junio, lo que constituía un grave desafió al gobierno y al Tribunal de Garantías Constitucionales. A partir de ese momento el gobierno Samper intentó negociar con el de la Generalidad a lo largo del verano para intentar llegar a un acuerdo, pero la CEDA lo acusó de falta de energía en la "cuestión rabassaire" y acabó retirándole su apoyo, lo que abriría la crisis de octubre de 1934
Falange Española (FE) fue un partido político español, de ideología fascista1 2 y nacionalsindicalista, fundado el 29 de octubre de 1933 por José Antonio Primo de Rivera, primogénito del fallecido dictador Miguel Primo de Rivera. El 15 de febrero de 1934 FE se fusionó con las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), fundadas por Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos, entre otros. El nuevo partido se denominó Falange Española de las JONS (FE de las JONS). Tras el éxito del fascismo italiano con la Marcha sobre Roma de Benito Mussolini en 1922, fracasan los diversos intentos de crear en España una organización fascista al estilo de la italiana.3 En esos años, con gobiernos autoritarios, la derecha y los sectores financieros y empresariales más reaccionarios no sintieron la necesidad de un partido fascista que había demostrado ser un buen freno en Europa al desarrollo de movimientos de masas de izquierdas. Instaurada la II República, iniciado el proyecto democratizador, cristalizan los primeros intentos en Falange Española, promovida por estos sectores reaccionarios. El triunfo de Hitler y la poca implantación del principal partido fascista de España, las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS) de Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo, hacen que, en 1933, la extrema derecha española, representada por empresarios industriales y financieros, emprenda la búsqueda de un líder carismático para el fascismo español, encontrándolo en José Antonio Primo de Rivera, hijo del anterior dictador, que ya mantenía posiciones conservadoras y autoritarias.4 Falange Española se dio a conocer en un mitin celebrado en el Teatro de la Comedia de Madrid el 29 de octubre de 1933. En el periodo de la II República jugó un importante papel en el desarrollo de los acontecimientos que condujeron a la Guerra Civil. Nace apoyada por las fuerzas reaccionarias y partidos de la derecha que la utilizan como fuerza de choque.5 No consigue un apoyo popular significativo, pero sus frecuentes razias y enfrentamientos con los grupos más radicales de la izquierda, principalmente con las organizaciones juveniles, sus actos violentos y asesinatos contribuyeron a crear un clima de inseguridad y violencia propicio para las intentonas militares.
La propuesta de la vuelta a la alianza republicano-socialista del primer bienio surgió por iniciativa del líder de los republicanos de izquierda Manuel Azaña, que se había convertido tras su injusta detención por la Revolución de Octubre en un “mártir político” y en un símbolo para la izquierda. Azaña recorrió el país dando tres mítines multitudinarios: el del campo de Mestalla (Valencia), el 26 de mayo; el de Baracaldo (Vizcaya), el 14 de julio, y el de Comillas (Madrid), el 20 de octubre, con el fin de conseguir una “inteligencia republicana” que devolviera al régimen sus valores democráticos.185 En abril de 1935, Azaña había alcanzado un pacto de "Conjunción Republicana" entre su propio partido (Izquierda Republicana), la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio, que se había escindido en 1934 del Partido Republicano Radical de Lerroux, y el Partido Nacional Republicano de Felipe Sánchez Román. A mediados de noviembre de 1935 Azaña ofreció al PSOE la formación de una coalición electoral en base al acuerdo de conjunción de las fuerzas de la izquierda republicana.185 Mientras que el sector socialista encabezado por Indalecio Prieto defendía el acuerdo, el sector encabezado por Francisco Largo Caballero era reticente al mismo y para reforzar la parte “obrera” de la coalición impuso la inclusión del Partido Comunista de España (PCE) en el mismo, lo que motivó la salida de la "Conjunción Republicana" del partido de Sánchez Román. El PCE, por su parte, había variado su posición respecto de los socialistas (a los que hasta entonces había considerado como "enemigos" de la revolución) tras el VII Congreso de la III Internacional celebrado en Moscú en el verano de 1935, donde Stalin había lanzado la nueva consigna de formar "frentes antifascistas". La firma del pacto de la coalición electoral entre los republicanos de izquierda y los socialistas tuvo lugar el 15 de enero de 1936. El PSOE cuando estampó su firma lo hizo también en nombre del PCE y de otras organizaciones obreras (el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña y el POUM).185 El programa de la coalición, que comenzó a ser llamada “Frente Popular”, a pesar de que ese término no aparecía en el documento firmado el 15 de enero y de que era un nombre que nunca aceptó Azaña,186 era el de los republicanos de izquierda (y sólo se mencionaban las aspiraciones de las fuerzas “obreras” con las que los republicanos de izquierda no estaban de acuerdo). El programa incluía, en primer lugar, la amnistía para los delitos "políticos y sociales" (el excarcelamiento de todos los detenidos por la “Revolución de Octubre”), la continuidad de la legislación reformista del primer bienio y la reanudación de los procesos de autonomía de las "regiones". El gobierno estaría formado exclusivamente por republicanos de izquierda y lo socialistas le darían su apoyo desde el parlamento para cumplir el programa pactado. Así pues, la alianza de 1936 era circunstancial, limitada a las elecciones, y por tanto bien diferente a la de 1931.187 Las elecciones de febrero de 1936[editar] Artículo principal: Elecciones generales de España de 1936 Frente a la coalición electoral de las izquierdas, las derechas no pudieron oponer como en 1933 un frente homogéneo, porque la CEDA, en su intento de obtener el poder y evitar el triunfo de la izquierda, se alió en unas circunscripciones con las fuerzas antirepublicanas (monárquicos alfonsinos, carlistas) y en otras con el centro-derecha republicano (radicales, demócrata-liberales, republicanos progresistas), por lo que fue imposible presentar un programa común. Lo que pretendía formar Gil Robles era un "Frente Nacional Antirrevolucionario" o un “Frente de la Contrarrevolución”, basado más en consignas “anti” que en un programa concreto de gobierno (“Contra la revolución y sus cómplices”, fue uno de sus slogans; “¡Por Dios y por España!” fue otro; y planteó la campaña como una batalla entre la “España católica... y la revolución espantosa, bárbara, atroz”).188 189 A las elecciones también se presentó una tercera opción “centrista” encabezada por el presidente del gobierno Portela Valladares y auspiciada por quien le había nombrado, el presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora, que pretendía consolidar un centro republicano que superara la bipolarización surgida de la Revolución de Octubre.188 Las elecciones registraron la participación más alta de las tres elecciones generales que tuvieron lugar durante la Segunda República (el 72,9%), lo que se atribuyó al voto obrero que no siguió las habituales consignas abstencionistas de los anarquistas. Según el estudio realizado por el historiador Javier Tusell sobre las elecciones, que se sigue considerando todavía hoy como el mejor análisis de las mismas, el resultado fue un reparto muy equilibrado de votos con una leve ventaja de las izquierdas (47,1%) sobre las derechas (45.6%), mientras el centro se limitó al 5,3%, pero como el sistema electoral primaba a los ganadores esto se tradujo en una holgada mayoría para la coalición del “Frente Popular”.190 En total el "Frente Popular” contaba con 263 diputados (incluidos los 37 del “Front d’Esquerres” de Cataluña) la derecha tenía 156 diputados (entre ellos sólo un fascista, que era del Partido Nacionalista Español, ya que Falange Española no se quiso integrar en las coaliciones de la derecha porque le ofrecieron pocos puestos) y los partidos de centro-derecha (incluyendo en ellos a los nacionalistas de la Lliga Regionalista y del PNV, y al Partido del Centro que rápidamente había formado Portela Valladares con el apoyo de la Presidencia de la República) sumaban 54 diputados.191 “En el Frente Popular, los primeros puestos en las candidaturas los ocuparon casi siempre los republicanos del partido de Azaña y en la derecha fueron a parar a la CEDA, lo cual no confirma, frente a lo que se ha dicho en ocasiones, el triunfo de los extremos. Los candidatos comunistas siempre estuvieron en el último lugar de las listas del Frente Popular y los 17 diputados obtenidos, después de conseguir sólo uno en 1933, fueron el fruto de haber logrado incorporarse a esa coalición y no el resultado de su fuerza real. La Falange sumó únicamente 46.466 votos, el 0,5 % del total”.192 El Gobierno del Frente Popular (febrero-julio de 1936)[editar] Nada más conocerse la victoria en las elecciones del “Frente Popular” se produjo un primer intento de “golpe de fuerza” por parte de la derecha para intentar frenar la entrega del poder a los vencedores. Fue el propio Gil Robles el primero que intentó sin éxito que el presidente del gobierno en funciones Manuel Portela Valladares declarase el “estado de guerra” y anulara los comicios. Le siguió el general Franco, aún jefe del Estado Mayor del Ejército, que se adelantó a dar las órdenes pertinentes a los mandos militares para que declarasen el estado de guerra (lo que según la Ley de Orden Público de 1933 suponía que el poder pasaba a las autoridades militares), pero fue desautorizado por el todavía jefe de gobierno [Portela Valladares] y por el ministro de la guerra el general Nicolás Molero.193 El resultado del intento de “golpe de fuerza” fue exactamente el contrario del previsto. El presidente del gobierno en funciones entregó antes de tiempo el poder a la coalición ganadora, sin esperar a que se celebrara la segunda vuelta de las elecciones (prevista para el 1 de marzo). Así el miércoles 19 de febrero, Manuel Azaña, el líder del "Frente Popular", formaba gobierno que conforme a lo pactado sólo estaba integrado por ministros republicanos de izquierda (nueve de Izquierda Republicana y tres de Unión Republicana).194 Una de las primeras decisiones que tomó el nuevo gobierno fue alejar de los centros de poder a los generales más antirrepublicanos: el general Goded fue destinado a la Comandancia militar de Baleares; el general Franco, a la de Canarias; el general Mola al gobierno militar de Pamplona. Otros generales significados, como Orgaz, Villegas, Fanjul y Saliquet quedaron en situación de disponibles.195 La medida más urgente que hubo de tomar el nuevo gobierno fue la amnistía de los condenados por los sucesos de Octubre de 1934, algo que era clamorosamente exigido en las manifestaciones que siguieron al triunfo electoral, y que ya había conducido a la apertura de varias cárceles, de las que salieron no sólo los presos "políticos" sino también los “sociales”. La amnistía puso en libertad a unos 30.000 presos "políticos y sociales".195 Otra de las medidas urgentes era reponer en sus puestos a los alcaldes y concejales elegidos en 1931 y suspendidos durante el “bienio negro” por los gobiernos radical-cedistas que los sustituyeron por gestoras de derechas.196 Y el 28 de febrero el gobierno decretaba no sólo la readmisión de todos los trabajadores despedidos por motivos políticos y sindicales relacionados con los hechos de 1934, sino que, presionado por los sindicatos, ordenaba a las empresas que indemnizaran a estos trabajadores por los jornales no abonados.197 La salida de los miembros del gobierno de la Generalidad de Cataluña de la cárcel, beneficiados por la amnistía, fue acompañada de inmediato por un Decreto de 1 de marzo que reanudaba las funciones del Parlament y reponía en su puesto a Lluís Companys como Presidente de la Generalidad y a sus Consejeros.195 También el gobierno Azaña decidió la restitución en sus funciones de los ayuntamientos vascos suspendidos en 1934.195 La “cuestión agraria” fue otro problema que el nuevo gobierno tuvo que abordar con urgencia a causa de la intensa movilización campesina que se estaba produciendo con el apoyo decidido de las autoridades locales repuestas y que amenazaba con provocar graves conflictos en el campo.198 “A los pocos días de las elecciones, unos ochenta mil campesinos andaluces, manchegos y extremeños convocados por la FNTT [socialista], se lanzaron a ocupar las fincas de las que habían sido desalojados en el invierno de 1934-35 [por los gobiernos radical-cedistas]. Se producía así un hecho consumado, que obligó al Ministerio de Agricultura a adoptar medidas oportunas para volver a poner en vigor la legislación del primer bienio".199 El movimiento de ocupación de fincas más espectacular fue el que organizó la FNTT desde el 26 de marzo en la provincia de Badajoz en el que partiparon unos 60.000 jornaleros que invadieron y comenzaron a roturar unas dos mil propiedades.200 El 19 de abril el ministro de Agricultura, Mariano Ruiz Funes, presentaba varios proyectos de ley, entre ellos uno que derogaba la Ley de Reforma de la Reforma Agraria de agosto de 1935, que se convirtió en ley el 11 de junio, por lo que volvía estar en vigor plenamente la Ley de Reforma Agraria de 1932. Gracias a varios decretos y a esta ley entre marzo y julio de 1936 se asentaron unos 115.000 campesinos, más que en los tres años anteriores.201 Sin embargo, continuó la alta conflictividad en el campo, debida sobre todo a la actitud de los propietarios y a la radicalización de las organizaciones campesinas, saldándose todo ello con incidentes violentos. El caso más grave se produjo en Yeste (Albacete) donde a finales de mayo de 1936 "la detención de unos campesinos que pretendían talar árboles en una finca particular condujo a un sangriento enfrentamiento entre la Guardia Civil y los jornaleros, en los que murieron un guardia y 17 campesinos, varios de ellos asesinados a sangre fría por los agentes".202 Estandarte presidencial de Manuel Azaña. El 3 de abril, una vez resuelta la exaltada discusión de las actas parlamentarias, la izquierda presento una iniciativa para destituir al Presidente de la República, acusándolo de haber incumplido el artículo 81 de la Constitución.203 Cuatro días después, el 7 de abril, por 238 votos contra 5 (la derecha se abstuvo, tras haber apoyado la medida), Niceto Alcalá Zamora fue destituido por el parlamento. El 26 de abril, se celebraron las elecciones de compromisarios establecida por la Constitución y Manuel Azaña, el candidato de la izquierda, obtuvo 358 mandatos, y 63 la oposición, parte de la cual se había abstenido de presentarse a las elecciones. Así el 10 de mayo de 1936 era investido como nuevo presidente. Sin embargo, el proyecto de Azaña de nombrar al socialista Indalecio Prieto como su sustituto al frente del gobierno no cuajó por la oposición del ala "caballerista" del PSOE y de la UGT que se ratificó en el acuerdo de seguir fuera del gabinete, y el 13 de mayo ocupó la presidencia del gobierno uno de los colaboradores más fieles de Azaña, Santiago Casares Quiroga.204 205 Santiago Casares Quiroga en 1931 El nuevo gobierno Casares Quiroga continuó con la política reformista que ya había iniciado el gobierno Azaña que consistía fundamentalmente en volver a poner en vigor los decretos que habían sido derogados o modificados durante el segundo bienio ("bienio negro" le llamaron las izquierdas) y a los que se añadieron algunos otros.206 Uno de los problemas a los que tuvo que hacer frente el gobierno fue la oleada de huelgas que se produjeron declaradas y sostenidas muchas veces por comités conjuntos CNT/UGT, en las que en muchas de ellas se hablaba de revolución,207 pero ni UGT ni CNT preparaban ningún movimiento insurreccional después de los fracasos de 1932, 1933 y 1934, y la única posibilidad de que se produjese alguno sería como respuesta a un intento de golpe militar.208 Otro de los problemas del gobierno de Casares Quiroga fue la división interna del PSOE, el partido más importante del Frente Popular que debía apoyar al gobierno, así como el decantamiento cada vez más acusado de la CEDA hacia posiciones antirrepublicanas. "De esta forma, el gobierno quedó desasistido por sus aliados naturales y hostigado desde la derecha por una envalentonada oposición monárquica que arrastraba ya con fuerza a los católicos y desde la izquierda por un sector del PSOE que, si había renunciado a la revolución esperaba con impaciencia la hora de sustituir al gobierno republicano por uno exclusivamente socialista".209 En cuanto a los socialistas se acentuaron las diferencias entre los sectores "prietista" y "largocaballerista", ya que Largo Caballero, que dominaba UGT y el grupo parlamentario del PSOE, continuó oponiéndose a la entrada en el gobierno de los socialistas y defendiendo el entendimiento entre las “organizaciones obreras” para esperar el momento en que el fracaso de los “burgueses republicanos" facilitara la conquista del poder por la clase obrera. Largo Caballero además contaba con el apoyo incondicional de las juventudes Socialistas que le llamaban el "Lenin español". Estas juventudes cada vez más radicalizadas acabaron fusionándose con las Juventudes Comunistas del PCE para formar en junio de 1936, las Juventudes Socialistas Unificadas, bajo la dirección del joven socialista Santiago Carrillo.210 En cuanto a la CEDA el sector encabezado por José María Gil Robles se decantó cada vez más por el boicot a las instituciones republicanas y por el apoyo a la vía defendida por la derecha monárquica del Bloque Nacional de José Calvo Sotelo que propugnaba abiertamente la ruptura violenta del orden constitucional mediante un golpe de estado militar en cuya preparación ya estaban colaborando (por su parte los monárquicos carlistas aceleraron la formación de sus milicias requetés con vistas al alzamiento militar con cuyos dirigentes mantenían contactos).211 José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española Otro de los problemas fue el aumento de la violencia política provocada por la "estrategia de la tensión" desplegada por el partido fascista Falange Española, que a principios de 1936 era una fuerza política marginal pero que tras el triunfo del Frente Popular recibió una avalancha de afiliaciones de jóvenes de derechas dispuestos a la acción violenta, que fue respondida por las organizaciones de izquierda.212 El primer atentado importante que cometieron fue el perpetrado el 12 de marzo contra el diputado socialista y “padre” de la Constitución de 1931 Luis Jiménez de Asúa, en el que éste resultó ileso pero su escolta, el policía Jesús Gisbert, murió.213 La respuesta del gobierno de Azaña fue prohibir el partido, detener el 14 de marzo a su máximo dirigente José Antonio Primo de Rivera y a otros miembros de su “Junta Política”, y cerrar su periódico Arriba. Pero el paso a la clandestinidad no impidió que siguiera perpetrando atentados y participando en reyertas con jóvenes socialistas y comunistas.212 214 Los incidentes de mayor trascendencia se produjeron los días 14 y 15 de abril. El día 14 tuvo lugar un desfile militar en el Paseo de la Castellana de Madrid en conmemoración del Quinto Aniversario de la República y junto a la tribuna principal, ocupada por el presidente de la República en funciones Diego Martínez Barrio y por el presidente del gobierno Manuel Azaña, estalló un artefacto y se produjeron a continuación varios disparos que causaron la muerte a Anastasio de los Reyes, un alférez de la Guardia Civil que estaba allí de paisano, e hirieron a varios espectadores. Derechistas e izquierdistas se acusaron mutuamente del atentado. Al día siguiente se celebró el entierro del alférez que se convirtió en una manifestación antirrepublicana a la que asistieron los diputados Gil Robles y Calvo Sotelo, oficiales del ejército y falangistas armados. Desde diversos lugares se produjeron disparos contra la comitiva que fueron respondidos, produciéndose un saldo de seis muertos y de tres heridos. Uno de los muertos era el estudiante Angel Sáenz de Heredia, falangista y primo hermano de José Antonio Primo de Rivera.214 La muerte de Sáenz de Heredia fue atribuida por la derecha a los miembros de la sección de la Guardia de Asalto comandada por el teniente Castillo, instructor de las milicias de las Juventudes Socialistas Unificadas. También resultó herido un joven carlista estudiante de medicina llamado José Llaguno Acha. Entre abril y julio los atentados y las reyertas protagonizadas por falangistas causaron más de cincuenta víctimas entre las organizaciones de izquierda obrera, la mayoría de ellas en Madrid. Unos cuarenta miembros de Falange murieron en esos actos o en atentados de represalia de las organizaciones de izquierda.214 Éstas se dirigieron tanto contra empresarios y militantes de partidos de derechas, como el exministro y diputado del Partido Republicano Liberal Demócrata Alfredo Martínez, asesinado en Oviedo el 24 de marzo, como a sedes sociales y periódicos antirrepublicanos, como el diario madrileño La Nación. También fueron objeto de la violencia los edificios religiosos (un centenar de iglesias y conventos fueron asaltados e incendiados)215 aunque entre las víctimas de la violencia política de febrero a julio no hubo ningún miembro del clero.216 Esta “estrategia de la tensión” protagonizada por los pistoleros falangistas que fue respondida por las organizaciones de izquierda, junto con el crecimiento de las organizaciones juveniles paramilitares tanto entre la derecha (milicias falangistas, requetés carlistas) como entre la izquierda (milicias de las juventudes socialistas, comunistas y anarquistas), y entre los nacionalistas vascos y catalanes (milicias de Esquerra Republicana de Cataluña y milicias del PNV), aunque no estaban armadas y su mayor actividad principal era desfilar, provocó la percepción entre parte de la opinión pública, especialmente la conservadora, de que el gobierno del Frente Popular no era capaz de mantener el orden público, lo que servía de justificación para el "golpe de fuerza" militar que se estaba preparando.217 A esta percepción también contribuyó la prensa católica y de extrema derecha que incitaba a la rebelión frente al “desorden” que atribuía al “Gobierno tiránico del Frente Popular”, “enemigo de Dios y de la Iglesia”, aprovechando que la confrontación entre clericalismo y anticlericalismo volvió al primer plano tras las elecciones de febrero con continuas disputas sobre asuntos simbólicos, como el tañido de campanas o las manifestaciones del culto fuera de las iglesias, como procesiones o entierros católicos.216 Asimismo en el parlamento los diputados de la derecha, sigularmente José Calvo Sotelo y José María Gil Robles, acusaron al gobierno de haber perdido el control del orden público. Así en la sesión del 17 de junio de 1936, Gil-Robles denuncia los desórdenes habidos, según él, desde el 1 de febrero hasta el 15 de junio: "160 iglesias destruidas, 251 asaltos de templos, incendios sofocados, destrozos, intentos de asalto. 269 muertos. 1287 heridos de diferente gravedad. 215 agresiones personales frustradas o cuyas consecuencias no constan. 69 centros particulares y políticos destruidos, 312 edificios asaltados. 113 huelgas generales, 228 huelgas parciales. 10 periódicos totalmente destruidos, todos de derecha. 83 asaltos a periódicos, intentos de asalto y destrozos. 146 bombas y artefactos explosivos. 38 recogidos sin explotar."
Alzamiento Nacional es el nombre con el que los sublevados contra el gobierno de la Segunda República Española y, posteriormente, el gobierno franquista denominaron al pronunciamiento que se produjo entre el 17 y el 18 de julio de 1936 y cuyo fracaso parcial condujo a la Guerra Civil Española. La historiografía moderna ha desechado esta denominación.
La Batalla de Madrid, denominada también como defensa de Madrid, es el conjunto de episodios bélicos sucedidos en la zona de Madrid durante el transcurso de la Guerra Civil Española. Tras el pronunciamiento del 17 y 18 de julio de 1936 la sublevación militar diseñada por el General Mola tiene lugar con éxito en el protectorado español de Marruecos y parte del norte de España. Tras el fracaso de la rebelión en Madrid, en los días posteriores al pronunciamiento con la caída del Cuartel de la Montaña y el de Campamento, la ciudad queda bajo el dominio gubernamental de la Segunda República Española. Desde este instante, la toma de la ciudad de Madrid era un objetivo militar para las tropas sublevadas. Desde el norte las tropas del general Mola y posteriormente desde el Sur-Oeste por las tropas del General Varela y del Coronel Yagüe. Durante el intervalo que va desde el golpe de estado en España de julio de 1936 hasta los primeros combates en noviembre los militares sublevados reciben material militar y soldados de la Alemania nazi y la Italia fascista, mientras que el Gobierno republicano no recibe la ayuda de la Unión Soviética hasta el mismo inicio de la batalla de Madrid. El combate se realizó en un relieve de la Meseta Central, donde los obstáculos geográficos no son de relevancia para las operaciones militares y es relativamente fácil la maniobra de las fuerzas militares en ambos bandos. Con la excepción de las montañas septentrionales del Sistema Central. El iniciador del plan fue el General Mola que analizando la situación diseñó un plan de avance centrípeto debido al poco apoyo previsto inicialmente por la Primera División Orgánica. La posesión de la capital era decisiva para el desenlace del conflicto, pues decidiría qué contendiente se haría con el control, ya que Madrid era un importante centro político, militar, estratégico y económico de primer orden además de la capital política y sede del gobierno de la República. Pero durante la batalla de Guadarrama las columnas provenientes de Pamplona, Valladolid y Burgos no consiguen atravesar los puertos de la Sierra y el frente se estabiliza a principios de agosto de 1936. A partir de ese instante las tropas del Ejército de África que avanzan por el sur comandadas por el General Franco tienen el protagonismo. A pesar de que los principales combates tendrán lugar entre el otoño de 1936, y la primavera de 1937, desde el comienzo de la guerra hubo también importantes combates en áreas cercanas a la capital durante el verano y el otoño de 1936. La Defensa de Madrid tiene como particularidad haber sido la primera en la que se bombardeó a objetivos civiles dentro de una ciudad, algo que después se realizó en diversas ciudades españolas durante el conflicto español y después durante la Segunda Guerra Mundial.
La Legión Cóndor (en alemán: Legion Condor)1 fue el nombre dado a la fuerza de intervención mayoritariamente aérea que el III Reich envió en ayuda de las fuerzas del general Franco para luchar en la Guerra Civil Española. Adolf Hitler, canciller alemán, a sugerencia del jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, y con la intención de probar el arma aérea alemana en una guerra convencional, ofreció a Franco de forma secreta apoyo aéreo para su ejército terrestre. Esta ayuda consistió en apoyo logístico, transporte de tropas, suministros, carros de combate (sobre todo Panzer I) y artillería, creándose la primera escuela de carros de combate, bajo el mando del coronel del ejército alemán Wilhelm von Thoma, en el Castillo de las Arguijuelas de Arriba en las cercanías de la ciudad de Cáceres. La intervención alemana en la Guerra Civil permitió a Hitler mejorar la calidad de sus aparatos y reparar los defectos de su arma aérea, preparándola para la ofensiva mundial que Hitler estaba planeando. Un ataque normal podía consistir en un vuelo previo de toma fotográfica. A continuación los bombarderos (unos 80 Junkers y Heinkel alemanes en 1936) eran custodiados por cazas italianos y más aviones de captura fotográfica. La precisión de sus bombas era sorprendente y revela un estudio detallado de los objetivos. Con el tiempo, se demostró como una de las piezas elementales en la victoria de Franco.
Las Brigadas Internacionales fueron unidades militares compuestas por voluntarios extranjeros de 54 países que participaron en la Guerra Civil Española junto al ejército de la II República, enfrentándose a los sublevados contra el gobierno democrático elegido en las urnas en 1936. Según los datos manejados por los estudios realizados en Estados Unidos por la Brigada Lincoln y por el historiador Andreu Castells, llegaron a participar en total 59.380 brigadistas extranjeros, de los cuales murieron más de 15.000; al mismo tiempo los internacionales no sobrepasaron más el número de 20.000 hombres presentes en los frentes en cada periodo de la guerra. La nacionalidad más numerosa fue siempre la francesa, con una cifra cercana a los 10.000 hombres, buena parte de ellos de la zona de París. La mayoría no eran soldados, sino trabajadores reclutados voluntariamente por los partidos comunistas (Komintern) o veteranos de la Primera Guerra Mundial. Su base se encontraba en el aeródromo de Los Llanos, en Albacete. Las Brigadas participaron en la defensa de Madrid en 1936, las batallas del Jarama, Guadalajara, Brunete, Belchite, Teruel, Aragón y el Ebro, siendo retiradas a partir del 23 de septiembre de 1938, a fin de modificar la posición ante la intervención extranjera del Comité de No intervención.
Guernica es un famoso cuadro de Pablo Picasso, pintado en los meses de mayo y junio de 1937, cuyo título alude al bombardeo de Guernica, ocurrido el 26 de abril de dicho año, durante la Guerra Civil Española. Fue realizado por encargo del Director General de Bellas Artes, Josep Renau a petición del Gobierno de la República Española para ser expuesto en el pabellón español durante la Exposición Internacional de 1937 en París, con el fin de atraer la atención del público hacia la causa republicana en plena Guerra Civil Española. En la década de 1940, puesto que en España se había instaurado la dictadura militar del general Franco, Picasso optó por dejar que el cuadro fuese custodiado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, aunque expresó su voluntad de que fuera devuelto a España cuando volviese al país la democracia. En 1981 la obra llegó finalmente a España. Se expuso al público primero en el Casón del Buen Retiro, y luego, desde 1992, en el Museo Reina Sofía de Madrid, donde se encuentra en exhibición permanente. Su interpretación es objeto de polémica, pero su valor artístico está fuera de discusión. No sólo es considerado una de las obras más importantes del arte del siglo XX, sino que se ha convertido en un auténtico "icono del siglo XX", símbolo de los terribles sufrimientos que la guerra inflige a los seres humanos.
El bombardeo de Guernica (Operación Rügen) fue un ataque aéreo realizado sobre esta población española el 26 de abril de 1937, en el transcurso de la Guerra Civil Española, por parte de la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana, que combatían en favor de los sublevados contra el gobierno de la Segunda República Española. Las estimaciones actuales de víctimas cifran los fallecidos en un rango que abarca de los 120 a los 300 muertos, 126 según el estudio más reciente y exhaustivo.
La batalla del Ebro fue una batalla librada durante la Guerra Civil Española. Fue la batalla en que más combatientes participaron, la más larga y una de las más sangrientas de toda la guerra. Tuvo lugar en el cauce bajo del valle del Ebro, entre la zona occidental de la provincia de Tarragona (Tierra Alta) y en la zona oriental de la provincia de Zaragoza (Mequinenza) y se desarrolló durante los meses de julio a noviembre de 1938. Constituyó el enfrentamiento decisivo de la contienda ya que en ella se decidió el derrotero final de la Guerra Civil, en un contexto europeo inmerso en la Crisis de los Sudetes que parecía a punto de estallar la guerra europea en la que quedaría unida la guerra de España. Aunque los Ejércitos republicanos lograron obtener una importante victoria inicial, fue imposible evitar la derrota final del Bando republicano tras la sangría en hombres y material del Ejército Popular de la República que se produjo durante la batalla; después de cuatro meses de lucha las tropas republicanas volvieron a cruzar el río Ebro. Tras esta importante derrota, quedó sellado el destino de la Segunda República Española.
Francisco Franco Bahamonde (Ferrol, La Coruña, 4 de diciembre de 1892 – Madrid, 20 de noviembre de 1975), conocido como Francisco Franco, el Caudillo, el Generalísimo o simplemente Franco, fue un militar y dictador español, integrante del Golpe de Estado en España de julio de 1936 contra el gobierno democrático de la Segunda República, que desembocó en la Guerra Civil Española. Fue investido como jefe supremo del bando sublevado el 1 de octubre de 1936, ejerciendo como jefe de Estado de España desde el término del conflicto hasta su fallecimiento en 1975, y como jefe de Gobierno entre 1938 y 1973. Fue líder del partido único Falange Española Tradicionalista y de las JONS, en el que se apoyó para establecer un régimen fascista en sus comienzos, que más tarde derivaría en una dictadura, conocida como franquismo, de tipo conservador, católico y anticomunista. Este cambio se debió a la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Aglutinó en torno al culto a su persona diferentes tendencias del conservadurismo, el nacionalismo y el catolicismo opuestas a la izquierda política y al desarrollo de formas democráticas de gobierno. Durante su mandato al frente del Ejército y de la Jefatura del Estado, especialmente durante la Guerra Civil y los primeros años del régimen, tuvieron lugar múltiples violaciones de los derechos humanos, según señalan numerosas investigaciones históricas y denuncias de particulares.2 La cifra total de víctimas mortales varía en torno a varios centenares de miles de personas, que perecieron en su mayoría en campos de concentración, ejecuciones extrajudiciales o en prisión.
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